Esta semana conviven en el sector dos noticias que, puestas una junto a otra, cuentan bastante bien el momento actual: se abre una nueva vía de reconocimiento para las empresas solidarias, mientras crece la preocupación por la continuidad de ciertas ayudas públicas en algunos territorios.
Lo que se abre esta semana
Empecemos por lo más práctico, porque el mecanismo merece explicarse: la Casilla Empresa Solidaria es una casilla voluntaria y gratuita que las empresas pueden marcar al presentar el Impuesto de Sociedades — es, a nivel de empresa, el equivalente a la casilla de fines sociales que cualquier persona marca en su declaración de la Renta. Al marcarla, la empresa se compromete a destinar el 0,7% de lo que paga por Impuesto de Sociedades a financiar proyectos sociales del tercer sector. No es un impuesto adicional ni un coste extra: es simplemente dirigir una parte de lo que ya se paga hacia fines sociales en vez de a otro destino.
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El Sello Empresa Solidaria es el reconocimiento que reciben las empresas que han hecho ese gesto. Lo concede la Plataforma del Tercer Sector (respaldada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030), y para conseguirlo la empresa —o su asesoría/gestoría— solo tiene que rellenar una declaración responsable confirmando que ha marcado la casilla, junto con un formulario online sencillo. Desde el 1 de agosto, las empresas que marcaron la Casilla Empresa Solidaria en el Impuesto de Sociedades pueden solicitar el Sello Empresa Solidaria 2026, un distintivo que reconoce a quienes destinaron el 0,7% de su Impuesto de Sociedades a proyectos sociales del tercer sector. El plazo permanece abierto hasta el 31 de diciembre. Para las entidades, es un buen momento para recordar a las empresas colaboradoras que existe esta vía —sin coste para ellas— de visibilizar su aportación. |
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En paralelo, la Plataforma del Tercer Sector (que representa a cerca de 28.000 entidades) se ha adherido al Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, reclamando que las personas más vulnerables sean el eje de las medidas de respuesta. Este Pacto es una iniciativa impulsada por el Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, que busca un acuerdo amplio entre administraciones, sociedad civil y sector privado para reforzar la prevención, la adaptación y la respuesta ante fenómenos climáticos extremos (olas de calor, incendios, sequías, inundaciones). Que el tercer sector se haya sumado es una señal de que el sector gana peso también en la agenda climática, no solo en la social.
El debate que preocupa al sector
No todo son buenas noticias. En Castilla y León, la Coordinadora de ONGD de Castilla y León (Coodecyl) — la organización que agrupa a las ONG de cooperación internacional al desarrollo de la región — ha expresado su preocupación ante la propuesta de reducir al mínimo las subvenciones de cooperación internacional al desarrollo, en un contexto político regional cambiante. Preocupaciones similares se han trasladado desde la Comunidad Valenciana. No entramos aquí a valorar las razones políticas de cada territorio — lo que sí es una lectura útil para cualquier entidad, comparta o no ese contexto concreto: depender de una única fuente de financiación pública es un riesgo estructural. Cuando esa fuente cambia, por la razón que sea, las entidades que dependían solo de ella quedan más expuestas que las que ya habían empezado a diversificar.
Por qué la digitalización es también una estrategia de sostenibilidad económica
Aquí es donde conecta con nuestro trabajo diario en Transformación digital Gestión del Tercer Sector: la transformación digital no es solo «modernizarse», es una palanca directa de sostenibilidad económica. Una entidad con procesos digitalizados puede:
- Presentarse a más convocatorias porque justifica y reporta con menos horas de trabajo administrativo.
- Diversificar sus fuentes de ingresos (donaciones online, campañas digitales, sellos como el de Empresa Solidaria) sin depender de una sola vía.
- Demostrar impacto con datos, algo cada vez más exigido en las convocatorias públicas y privadas.
Y conviene tener presente algo más, aunque sin cerrar fecha: las ayudas públicas puntuales, como ha ido ocurriendo con distintos programas de digitalización en los últimos años, no duran para siempre. Las entidades que ya hayan invertido en digitalizarse y diversificar su financiación llegarán mejor preparadas al día en que eso ocurra que las que dependan solo de una ayuda concreta. Es, precisamente, parte del motivo por el que desde nuestra área seguimos trabajando en cómo acompañar a las entidades más allá de cualquier programa puntual.
Si tu entidad quiere dar ese paso, podéis empezar por el diagnóstico de DigitalizaciONG, que os ayuda a conocer en qué punto está vuestro entorno digital ahora mismo: qué herramientas usáis, cómo de organizados están vuestros procesos y dónde hay margen de mejora. A partir de ahí, os acompañamos en la transformación digital necesaria — organizar mejor la información, reforzar la transparencia, ganar en solidez interna — un camino que, con el tiempo, también facilita llegar mejor preparados a las convocatorias y ayudas que existen.
Pero si hay un tema fiscal muy concreto y urgente que ya podéis empezar a resolver esta misma semana, es este:
Un recurso muy práctico y de actualidad: Verifactu y factura electrónica
El 16 de septiembre, dentro del ciclo de Espacio Ágil del Tercer Sector, tenemos una sesión dedicada específicamente a Verifactu y factura electrónica, dirigida a profesionales del Tercer Sector. Es justo el tipo de tema que conecta con todo lo anterior: cuanto más ordenada y digitalizada esté la parte fiscal y administrativa de una entidad, menos horas de trabajo consume justificar cada proyecto y más margen queda para dedicar a diversificar la financiación en vez de perseguir papeleo. Si la parte fiscal es la que más quebraderos de cabeza os da, esta sesión es un buen punto de partida concreto y gratuito.