Digitalizar sin excluir: aprendizajes del III Foro de Derechos Digitales
Los días 1 y 2 de octubre de 2026, Murcia reunió a más de cien personas procedentes de diez comunidades autónomas para abordar una pregunta que atraviesa el trabajo de cualquier entidad social: ¿Cómo garantizamos que la transformación digital no deje a nadie atrás?
El III Foro de Derechos Digitales, organizado por Fundación Esplai con la colaboración de CONVIVE Fundación Cepaim y la Plataforma Red Conecta, y financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, concluyó con un mensaje claro: digitalizar no puede significar excluir.
En este artículo resumimos las principales ideas del encuentro y proponemos algunas preguntas para trasladarlas a la realidad cotidiana de las entidades sociales.
Dos días en Murcia
El foro se celebró en dos sedes: el Paraninfo de la Universidad de Murcia, el jueves 1 de octubre, y el Hub Audiovisual del Cuartel de Artillería, el viernes 2.
El programa abordó cuatro grandes cuestiones:
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el acceso efectivo a los derechos;
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la alfabetización y la ciudadanía digital crítica;
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la convivencia en los entornos digitales;
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la inteligencia artificial y sus impactos sociales.
Lo más destacado de cada jornada
Jueves 1: derechos digitales, acceso e inclusión social
La primera jornada comenzó con la ponencia inaugural de Javier Torres Gella, secretario general de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, quien defendió la necesidad de contar con un marco regulatorio para afrontar los riesgos éticos, sociales y de sostenibilidad asociados a la inteligencia artificial.
A continuación, una mesa de diálogo moderada por Laura López Parra, de la Plataforma Red Conecta, reunió a representantes de Red.es, Councilbox, el Observatorio de las Brechas Digitales, EAPN Región de Murcia y el Observatorio de la Exclusión Social de la Universidad de Murcia.
El debate puso de relieve que una de cada tres personas carece de competencias digitales, que la pobreza agrava la exclusión digital y que la inteligencia artificial puede reproducir o amplificar sesgos ya existentes.
También se defendió la necesidad de diseñar servicios digitales centrados en las personas, y no únicamente en la eficiencia tecnológica.
Viernes 2: inteligencia artificial, derechos sociales y talleres
La segunda jornada contó con la participación de María González Veracruz, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y con representantes de las entidades organizadoras y del Ayuntamiento de Murcia.
Margarita Padilla, de la Cooperativa Dabne, analizó los retos sociales, éticos y políticos de la inteligencia artificial. Alertó especialmente sobre la dependencia de recursos digitales gestionados por empresas privadas para ejercer derechos sociales.
Como respuesta, propuso avanzar hacia registros colectivos de algoritmos, auditorías ciudadanas y mecanismos de transparencia y participación.
La jornada incluyó cuatro talleres temáticos y un espacio de experiencias inspiradoras para compartir diagnósticos, prácticas y propuestas.
En la clausura, María González Veracruz afirmó que “en la era de la IA el Tercer Sector es más importante que nunca para garantizar el acceso a toda la sociedad”. También señaló que la brecha digital se cruza con otros factores, como el género, el territorio y la situación económica.
Cuatro ideas principales
Las conclusiones del foro pueden resumirse en cuatro claves.
¿Qué implica para una entidad social?
Los derechos digitales se debaten en foros, pero se ejercen —o se vulneran— en situaciones muy cotidianas: un formulario que no puede completarse desde el móvil, una cita previa que solo se solicita por internet o una herramienta de inteligencia artificial que procesa datos personales sin que el equipo conozca sus condiciones de uso.
A la luz de lo tratado en el foro, estas son algunas preguntas que puede hacerse cualquier organización.
¿Pueden utilizar nuestros servicios digitales todas las personas a las que atendemos?
Conviene revisar la accesibilidad, el lenguaje, la facilidad de uso y la existencia de alternativas presenciales o telefónicas.
También es importante comprobar si los servicios funcionan correctamente desde distintos dispositivos y si las personas usuarias pueden completar los trámites sin ayuda. Cuando necesiten acompañamiento, este debe formar parte del diseño del servicio y no ser una solución improvisada.
Digitalizar un trámite sin ofrecer apoyo o una vía alternativa puede convertir una mejora aparente en una nueva barrera.
¿Tenemos criterios para utilizar la inteligencia artificial?
Antes de incorporar una herramienta de IA, es importante saber:
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qué datos se introducen;
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quién los trata;
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con qué finalidad;
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durante cuánto tiempo se conservan;
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si se utilizan para entrenar otros sistemas;
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qué decisiones pueden apoyarse en ellos;
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cómo pueden corregirse los errores;
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qué alternativas existen si el sistema falla.
Las entidades deberían definir, además, quién puede utilizar estas herramientas, para qué tareas y bajo qué condiciones. La supervisión humana debe mantenerse cuando la herramienta pueda afectar a derechos, oportunidades o decisiones importantes para las personas atendidas.
¿Formamos a las personas que trabajan y colaboran en la entidad?
La transformación digital no consiste solo en adquirir herramientas. También requiere tiempo, formación y acompañamiento para los equipos profesionales y el voluntariado.
La formación debería incluir tanto el uso práctico de las tecnologías como sus riesgos: privacidad, seguridad, sesgos, desinformación, accesibilidad y uso responsable de la inteligencia artificial.
Un equipo no puede acompañar adecuadamente a otras personas en procesos digitales si no cuenta con los conocimientos y apoyos necesarios.
¿Participan las personas destinatarias en las decisiones de digitalización?
Preguntar qué les resulta fácil, qué dificultades encuentran y qué apoyos necesitan puede evitar problemas y orientar mejor cualquier innovación.
La participación puede realizarse mediante entrevistas, grupos de discusión, pruebas de usabilidad o espacios de evaluación después de poner en marcha un servicio. No se trata solo de consultar a las personas usuarias al final del proceso, sino de contar con ellas desde el diseño.
¿Tenemos alternativas cuando la tecnología no funciona?
Toda entidad debería prever qué ocurre cuando una persona no tiene conexión, pierde sus credenciales, no entiende un formulario o no puede completar un trámite.
Disponer de una alternativa telefónica, presencial o acompañada no significa renunciar a la digitalización. Significa reconocer que la inclusión exige más de un canal de acceso.
De la reflexión a la práctica
A partir de las ideas del foro, una entidad puede comenzar con cuatro pasos sencillos:
- Revisar un servicio digital concreto. Elegir un formulario, una cita previa o un procedimiento habitual y comprobar qué obstáculos encuentran las personas usuarias.
- Hablar con quienes lo utilizan. Preguntar qué entienden, dónde se bloquean y qué tipo de apoyo necesitan.
- Establecer criterios internos para la IA. Definir qué herramientas pueden utilizarse, con qué datos y para qué finalidades.
- Crear un plan de formación y seguimiento. La transformación digital debe evaluarse periódicamente y ajustarse a partir de la experiencia de los equipos y de las personas destinatarias.
Un reto colectivo
El III Foro de Derechos Digitales recordó que la transformación digital no es neutral. Puede facilitar el acceso a derechos, mejorar los servicios y ampliar la participación, pero también puede generar nuevas formas de exclusión si se diseña sin tener en cuenta la diversidad de las personas.
Por eso, digitalizar no debe significar simplemente sustituir un trámite presencial por uno en línea. Significa construir servicios más accesibles, comprensibles, seguros y participativos.
El tercer sector tiene un papel fundamental en este proceso: acompañar a las personas, detectar barreras, cuestionar soluciones que no funcionan y contribuir a que la innovación tecnológica esté al servicio de los derechos.
Para profundizar en estas cuestiones, la Asesoría Digital del Tercer Sector ofrece un servicio gratuito de consulta para entidades, con atención multicanal de lunes a jueves, de 10:00 a 13:00.