La comunidad autónoma de Castilla-La Mancha ya cuenta con una Ley del Tercer Sector Social que define e impulsa los proyectos no lucrativos. La publicación oficial de la normativa supone un paso adelante para el Tercer Sector de la comunidad.
Juntamente con el País Vasco (Ley 6/2016), Extremadura (Ley 10/2018) y las Islas Baleares (Ley 3/2018), ya son 4 las autonomías que cuentan con una ley de promoción del sector no lucrativo. Canarias y Castilla y León disponen de un proyecto y un anteproyecto de Ley del Tercer Sector Social respectivamente. Además, existe la Ley del Tercer Sector Social estatal, que sirve de marco regulador para todas las entidades del Estado español que no tengan otra normativa aplicable.
¿Por qué es necesaria una ley del Tercer Sector Social?
La finalidad de esta ley es promocionar un marco de relación, cooperación y colaboración entre redes y organizaciones del Tercer Sector y las administraciones públicas. De esta forma, contar con una ley del Tercer Sector es reforzar el rol de las entidades en la sociedad. Concretamente, se promueve su capacidad para negociar y trabajar con el sector público por lo que respecta al diseño, aplicación y seguimiento de políticas públicas sociales.
La norma reconoce la importancia de la actividad económica que lleva a cabo el Tercer Sector y el retorno social derivado de sus actividades, que favorecen una sociedad más justa, igualitaria, solidaria, cohesionada, participativa y democrática. En definitiva, todas las normativas reconocen el papel fundamental que el Tercer Sector desempeña en la sociedad.
¿Qué incluye la ley?
La Ley 1/2020 de 3 de febrero del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha identifica el conjunto de entidades que integran el Tercer Sector Social de la comunidad, establece medidas para fomentarlas y fortalecerlas e impulsa la cooperación y colaboración de las entidades entre sí y con el sector público. La normativa, por ejemplo, establece que se publicará en el portal de transparencia de la administración autonómica un informe anual sobre las actividades llevadas a cabo en el ámbito de la colaboración con el Tercer Sector, para poder evaluar la eficiencia y eficacia de las actividades.
¿Cómo se define el Tercer Sector?
Según la ley de Castilla-La Mancha, constituyen el Tercer Sector Social las entidades de carácter privado con personalidad jurídica propia, surgidas de la iniciativa ciudadana o social bajo diferentes modalidades, que responden a criterios de solidaridad y participación social, con fines de interés general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos civiles, así como de los derechos económicos, sociales o culturales de las personas y grupos que sufren condiciones de vulnerabilidad, dependencia, discapacidad, desprotección o se encuentran en riesgo o en situación de exclusión social y/o pobreza.